Organizaciones agrarias de Euskadi y Navarra realizaron una movilización el 15 de enero en Irún para protestar contra la gestión del Ministerio de Agricultura respecto a la Dermatosis Nodular Contagiosa y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La concentración en la frontera reflejó el descontento del sector agroganadero ante lo que consideran un desamparo institucional.
Las organizaciones agrarias exigieron a los europarlamentarios que rechacen la ratificación del acuerdo UE-Mercosur. Esta demanda se enmarca en la preocupación del sector por las implicaciones que podría tener el tratado comercial para la ganadería vasca y navarra, considerando la competencia que supondría la entrada de productos procedentes del bloque sudamericano.
Respecto a la Dermatosis Nodular Contagiosa, las organizaciones solicitaron medidas específicas para contener la enfermedad. Entre las demandas figuraba la vacunación de las comunidades autónomas colindantes con Francia, donde la enfermedad representa una amenaza potencial para los rebaños de la región. Asimismo, pidieron que en caso de brotes solo se sacrifiquen los animales que den positivo en la enfermedad, evitando el sacrificio innecesario de animales sanos.
UAGA, miembro de EHNE Confederación, fue una de las organizaciones que participó en la movilización de Irún. La organización agraria vasca se sumó así a la respuesta coordinada del sector ante lo que considera una gestión inadecuada de las crisis sanitarias y comerciales que afectan a la ganadería.
La movilización del 15 de enero forma parte de una respuesta más amplia del sector agrario. Organizaciones agrarias estatales como COAG, Asaja y UPA anunciaron movilizaciones conjuntas para las últimas semanas de enero, indicando que la protesta trasciende el ámbito regional y se convierte en una acción coordinada a nivel estatal.
El sector agroganadero denuncia el desamparo al que están sometidas las instituciones, tanto en lo referente a la gestión de enfermedades animales como en la defensa de sus intereses comerciales frente a acuerdos internacionales que consideran perjudiciales. Las movilizaciones previstas para las próximas semanas buscan intensificar la presión sobre las administraciones para que adopten medidas que protejan la viabilidad del sector.
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