economía
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) presentaron ayer una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que investigue si en España se están importando y comercializando productos agrícolas procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente con etiquetado israelí.
La denuncia solicita comprobar si estos productos están siendo etiquetados como si fueran originarios de Israel, lo que supondría información incorrecta para las personas consumidoras y una posible vulneración de la normativa de consumo y etiquetado vigente. Las dos organizaciones se apoyan en el informe ‘Importando la Ocupación’, elaborado por el centro de litigación Global Echo, así como en una investigación periodística publicada por el diario Público.
Posible vulneración del Real Decreto-ley 10/2025
Uno de los puntos centrales de la denuncia es comprobar si estas importaciones podrían incumplir el Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe expresamente la importación en España de productos procedentes de los territorios ocupados por Israel en Palestina. Si se confirmaran los hechos denunciados, las personas consumidoras estarían recibiendo información incorrecta sobre el origen real de los productos que adquieren.
Las organizaciones también solicitan investigar la posible utilización de certificaciones fitosanitarias y ecológicas que, según los indicios aportados en la denuncia, podrían no ajustarse a la normativa europea. Esta circunstancia añadiría un elemento adicional de irregularidad en la comercialización de estos productos agrícolas.
Competencia desleal para agricultores españoles
CECU y COAG advierten de que estas prácticas podrían suponer competencia desleal para agricultores y agricultoras que cumplen la legislación europea y española. Estos profesionales del campo están obligados a cumplir estrictas normas de producción, trazabilidad e información al consumidor, lo que supone costes y esfuerzos adicionales.
Si se demostrara que productos de territorios ocupados entran en el mercado español etiquetados como israelíes, se estaría produciendo una distorsión del mercado que perjudicaría a quienes sí respetan la normativa. La posible información incorrecta constituiría una vulneración de la normativa de consumo y de etiquetado, según señalan las organizaciones denunciantes.
La denuncia fue presentada el 28 de agosto de 2026 ante la Dirección General de Consumo, que deberá ahora determinar si procede abrir una investigación formal sobre la importación y comercialización de estos productos agrícolas procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente.
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Referencias:
www.uaga.eus