economía
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) presentaron ayer una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que investigue si en España se están importando y comercializando productos agrícolas procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente con etiquetado israelí.
La denuncia solicita comprobar si estos productos están etiquetados como si fueran originarios de Israel, lo que constituiría información incorrecta sobre el origen real de los alimentos. Las organizaciones se apoyan en el informe ‘Importando la Ocupación’, elaborado por el centro de litigación Global Echo, y en una investigación periodística publicada por el medio Público.
Posible vulneración de la normativa de consumo
Si se confirmaran los hechos denunciados, las personas consumidoras estarían recibiendo información incorrecta sobre el origen de los productos que adquieren. Esta posible información incorrecta podría constituir una vulneración de la normativa de consumo y de etiquetado vigente en España y la Unión Europea.
CECU y COAG advierten además de que estas prácticas podrían suponer competencia desleal para agricultores y agricultoras que cumplen la legislación europea y española. Estos productores cumplen normas de producción, trazabilidad e información al consumidor que, según las organizaciones, no estarían siendo respetadas en el caso de los productos denunciados.
Investigación sobre el Real Decreto-ley 10/2025
La denuncia solicita investigar si las importaciones detectadas podrían incumplir el Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la importación en España de productos procedentes de los territorios ocupados por Israel en Palestina. Esta normativa establece restricciones específicas para evitar que productos de territorios ocupados ilegalmente entren en el mercado español.
Las organizaciones también piden que se investigue la posible utilización de certificaciones fitosanitarias y ecológicas que, según los indicios aportados en la denuncia, podrían no ajustarse a la normativa europea. Estas certificaciones son fundamentales para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria en la Unión Europea.
La Dirección General de Consumo deberá ahora valorar la denuncia presentada y decidir si procede abrir una investigación formal sobre la comercialización de estos productos agrícolas en el mercado español. La denuncia fue presentada el 28 de agosto de 2026.
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Referencias:
www.uaga.eus
Imagen:
Arabakoak