economía
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que investigue si en España se están importando y comercializando productos agrícolas procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente con etiquetado israelí. La denuncia fue presentada el 28 de agosto de 2026.
La solicitud de investigación busca comprobar si estos productos están etiquetados como si fueran originarios de Israel, lo que constituiría información incorrecta sobre el origen real de los alimentos. Las organizaciones se apoyan en el informe ‘Importando la Ocupación’, elaborado por el centro de litigación Global Echo, así como en una investigación periodística publicada por el medio Público.
Posible vulneración de normativa de consumo
Si se confirmaran los hechos denunciados, las personas consumidoras estarían recibiendo información incorrecta sobre el origen de los productos que adquieren. Esta situación podría constituir una vulneración de la normativa de consumo y de etiquetado vigente en España y la Unión Europea.
CECU y COAG advierten además de que estas prácticas podrían suponer competencia desleal para agricultores y agricultoras que cumplen la legislación europea y española. Estos productores respetan las normas de producción, trazabilidad e información al consumidor establecidas por la normativa comunitaria.
Incumplimiento del Real Decreto-ley 10/2025
La denuncia solicita investigar si las importaciones detectadas podrían incumplir el Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe expresamente la importación en España de productos procedentes de los territorios ocupados por Israel en Palestina. Esta normativa establece restricciones específicas para evitar la comercialización de productos originarios de asentamientos en territorios ocupados.
Las organizaciones también piden que se investigue la posible utilización de certificaciones fitosanitarias y ecológicas que, según los indicios aportados en la denuncia, podrían no ajustarse a la normativa europea. Estas certificaciones son fundamentales para garantizar que los productos cumplen con los estándares de seguridad alimentaria y producción ecológica exigidos en la Unión Europea.
La Dirección General de Consumo deberá ahora determinar si procede abrir una investigación formal sobre estas denuncias presentadas por CECU y COAG el 28 de agosto de 2026.
Artículos relacionados:
 |
Productos importados como ecológicos comprometerán las garantías de los consumidores La COAG ha presentado alegaciones al Ministerio de Agricultura contra la modificación del Reglamento de Producción Ecológica de la… |
|
La industria láctea amenaza con bajar precios sin justificaciónEl sector vacuno de leche de COAG rechaza las amenazas de reducción de precios por parte de la industria láctea, calificándolas de… |
Referencias:
www.uaga.eus
Imagen:
Arabakoak