La siniestralidad laboral en Euskal Herria alcanzó niveles preocupantes durante 2025, con 62 personas fallecidas en accidentes de trabajo. De estas muertes, 35 ocurrieron en la Comunidad Autónoma Vasca (CAPV) y 27 en Nafarroa, según los datos registrados por ELA. La distribución territorial muestra que Bizkaia registró 15 accidentes mortales, Gipuzkoa 11, Araba 9 y Nafarroa 27, evidenciando la persistencia de esta problemática en toda la región.
La precariedad laboral emerge como una de las causas fundamentales de esta tragedia. Los registros de OSALAN indican que, de los accidentes laborales con baja en la CAPV durante 2025, el 95 % fueron leves, mientras que se contabilizaron 166 graves y 27 mortales. Aunque la mayoría de los accidentes se clasifican como leves, la persistencia de muertes laborales refleja deficiencias estructurales en la prevención y protección de los trabajadores.
La comparación interanual revela tendencias divergentes según el territorio. En Araba y Nafarroa, los accidentes laborales mortales aumentaron respecto a 2024. Por el contrario, en Nafarroa se observó un descenso en los accidentes mortales, que se redujeron a la mitad, aunque los accidentes leves experimentaron un incremento. Esta variabilidad territorial sugiere la necesidad de políticas diferenciadas según las características de cada zona.
La salud laboral también se ve afectada por el incremento de enfermedades profesionales. En 2025 se notificó un 11,3 % más de enfermedades profesionales en la CAPV respecto a 2024, indicando una tendencia al alza en la morbilidad laboral. Este aumento refleja tanto una mayor conciencia en la notificación como posibles deterioros en las condiciones de trabajo.
La inversión pública en prevención de riesgos laborales resulta insuficiente. El gasto público destinado a la salud laboral representa únicamente el 0,01 % del presupuesto total de la CAPV y de Nafarroa, una cifra que evidencia la baja prioridad asignada a esta materia por las administraciones. Esta inversión mínima contrasta con la magnitud del problema de siniestralidad laboral que afecta a miles de trabajadores.
La capacidad de vigilancia y control se ha visto comprometida por recortes en personal. Según el informe de la Inspección de Trabajo de Euskadi, la plantilla de inspectores se redujo un 12 % entre 2018 y 2023, lo que dificulta significativamente la vigilancia de la normativa de prevención. Esta reducción de efectivos limita la capacidad de las autoridades para detectar y sancionar incumplimientos en materia de seguridad laboral.
ELA ha presentado un conjunto de demandas para mejorar la situación. La organización sindical exige la equiparación del personal de OSALAN/ISPLN con la media europea, reconociendo que los recursos humanos dedicados a la prevención están por debajo de los estándares continentales. Asimismo, solicita la prohibición de contratar empresas sancionadas en materia preventiva, una medida que buscaría desincentivar el incumplimiento normativo mediante consecuencias económicas directas.
La evaluación de riesgos psicosociales constituye otra demanda central de ELA. La organización sindical demanda evaluaciones de riesgos psicosociales en todas las empresas, reconociendo que los factores psicosociales representan una dimensión crítica de la salud laboral frecuentemente ignorada en los protocolos de prevención. Esta carencia en la evaluación de riesgos inmateriales contribuye a la perpetuación de condiciones laborales perjudiciales para la salud mental y física de los trabajadores.
La denuncia de ELA subraya que la clase trabajadora sufre una alta siniestralidad laboral que no recibe la atención política que merece. La organización sindical señala que las muertes laborales no constituyen una prioridad para los gobiernos, a pesar de representar una tragedia humana y social de magnitud considerable. Esta falta de priorización política se refleja tanto en la inversión presupuestaria como en la dotación de recursos para la inspección y prevención.
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Referencias:
www.ela.eus
Imagen:
Generada con IA
