Las administraciones públicas de Euskadi no están cumpliendo con los plazos establecidos para instrumentos fundamentales que afectan al sector agrario y alimentario. Tanto el Gobierno Vasco como la Diputación enfrentan críticas por su falta de agilidad y eficiencia en la gestión de herramientas esenciales para el desarrollo sectorial.
Entre los asuntos pendientes se encuentran la renovación de la Ley de Política Agraria y Alimentaria, el Plan Integral de Atención a las personas temporeras y los planes sectoriales, que requieren una tramitación más rápida y efectiva. Asimismo, se menciona el decreto de indemnizaciones a la ganadería como otro instrumento que demanda una respuesta administrativa más ágil.
La demanda del sector es clara: se exige el cumplimiento de plazos y la reducción de trámites burocráticos que ralentizan la implementación de políticas. Los agentes económicos reclaman una administración que no solo sea eficiente en sus procesos, sino que mantenga un contacto permanente con las necesidades reales del tejido productivo.
La falta de cumplimiento de estos compromisos genera incertidumbre en el sector, que depende de marcos normativos claros y de políticas de apoyo bien definidas. La brecha entre los plazos prometidos y los realmente ejecutados afecta directamente a la capacidad de planificación de empresas y cooperativas del ámbito agroalimentario.
La situación refleja una desconexión entre las administraciones públicas y los agentes del sector, quienes demandan una gestión más ágil y una comunicación más fluida. La renovación de instrumentos legislativos y la implementación de planes específicos requieren de una coordinación efectiva entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones para garantizar resultados en plazos razonables.
La crítica a la ineficacia administrativa no es nueva, pero cobra especial relevancia cuando afecta a sectores estratégicos como el agroalimentario. Los retrasos en la tramitación de herramientas fundamentales generan costes económicos y sociales que podrían evitarse con una administración más ágil y orientada al sector.
La demanda de una administración en contacto permanente con el sector sugiere la necesidad de mecanismos de participación más efectivos y de una mayor responsabilidad en el cumplimiento de compromisos adquiridos. Sin estos cambios, la brecha entre las expectativas del sector y la realidad administrativa seguirá ampliándose.
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www.uaga.eus
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