Vacas en un establo comiendo heno en Euskadi

Vacas en establo de Euskadi

El Consejo Agrario de Euskadi se reunió el 17 de julio para revisar planes sectoriales y debatir sobre la probable prórroga de la PAC hasta 2028. El borrador de la Ley de Agricultura recibió 240 alegaciones de 26 entidades que critican la falta de acciones concretas.

El Consejo Agrario de Euskadi se reunió este 17 de julio de 2026 para analizar diversas propuestas y planes de trabajo presentados por el ejecutivo, en una sesión que abordó desde la planificación sectorial hasta el futuro de la Política Agraria Común. Entre los documentos presentados figuran el Plan Estratégico de la Madera y el Plan Sectorial de Vacuno de Leche, este último centrado en los principales desafíos del sector lácteo vasco.

El Plan Sectorial de Vacuno de Leche pone el foco en cuestiones estructurales que afectan directamente a las explotaciones: el relevo generacional, la escasez de mano de obra, la reducción de la burocracia, el fomento de la innovación y la inversión en promoción. Estos cinco ejes reflejan las preocupaciones recurrentes de un sector que enfrenta dificultades para garantizar su continuidad y competitividad.

Prórroga de la PAC hasta 2028

Uno de los asuntos que centró la atención fue la situación de la Política Agraria Común (PAC). Según lo debatido en la reunión, se considera muy probable una prórroga de la PAC hasta 2028 debido al retraso acumulado en las negociaciones a nivel europeo. Esta extensión temporal condicionará la planificación presupuestaria y estratégica del sector agrario vasco durante los próximos años.

Críticas al borrador de la Ley de Agricultura

El borrador de la Ley de Agricultura fue objeto de un intenso escrutinio. Hasta la fecha, se han presentado 240 alegaciones procedentes de 26 entidades diferentes, lo que evidencia el nivel de movilización del sector ante el texto propuesto. Todos los agentes participantes coincidieron en una valoración crítica: el borrador habla mucho de impulso y fomento, pero le faltan acciones concretas que traduzcan esas intenciones en medidas aplicables.

La ausencia de propuestas operativas específicas ha generado un consenso negativo entre las organizaciones agrarias, cooperativas y otros actores del sector, que reclaman un texto más ambicioso y con herramientas reales de intervención. El ejecutivo deberá ahora analizar las 240 alegaciones recibidas antes de presentar una versión revisada del proyecto normativo.

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