Manifestación por derechos fiscales
Las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han aprobado un paquete de incentivos fiscales dirigido a las empresas, que incluye una serie de medidas como aplazamientos de deudas tributarias sin intereses, agilización de devoluciones fiscales, flexibilización de pagos fraccionados y nuevas deducciones en el Impuesto de Sociedades. Esta decisión ha sido criticada por no abordar una reforma fiscal justa, lo que se considera un retroceso en la búsqueda de mayor equidad fiscal. El impacto estimado de la bajada de recaudación es de 540 millones de euros.
La distribución de la reducción de recaudación se desglosa en 282 millones de euros en Bizkaia, 103,5 millones en Araba y 155 millones en Gipuzkoa. Además, se suma una minoración de la recaudación de 232 millones de euros debido a la bajada de impuestos a la energía. Estas políticas, que priorizan los intereses empresariales, han generado críticas por parte de ELA, que argumenta que no refuerzan los servicios públicos ni mejoran las condiciones de vida de la mayoría social.
A pesar de que las haciendas forales recaudaron más de 20.300 millones de euros en 2025, con un incremento superior al 10% respecto al año anterior, las instituciones han optado por reducir su capacidad recaudatoria en más de medio millar de millones. No se plantea aumentar la tributación sobre las grandes empresas ni sobre los beneficios extraordinarios, a pesar de que sectores como el energético continúan registrando elevados márgenes.
ELA propone un cambio de rumbo en la política fiscal, abogando por aumentar la presión fiscal sobre el capital y las grandes empresas, y reforzar el gasto público para avanzar hacia un modelo más justo que haga frente a las desigualdades sociales. Este tipo de medidas fiscales ya se aplicaron en el año 2022 debido a la guerra de Ucrania, pero la falta de una reforma fiscal justa sigue siendo un tema de debate.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la política fiscal en la región, especialmente en un contexto donde el crecimiento económico no se traduce en un aumento de la capacidad recaudatoria. Las críticas se centran en la necesidad de un enfoque más equitativo que priorice el bienestar social sobre los intereses empresariales.
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Referencias:
www.ela.eus
Imagen:
ela.eus
