Edificio de VPO con balcones
El Tribunal Superior de Justicia de Euskadi ha confirmado una sanción de 45.000 euros a una inmobiliaria por imponer la compra de muebles como condición para la venta de viviendas protegidas. La sentencia número 81/2026 ratifica que condicionar la compraventa de una vivienda protegida a la adquisición obligatoria de mobiliario constituye un sobreprecio encubierto.
La inmobiliaria sancionada exigía el pago íntegro de contratos de muebles como condición para elevar a escritura pública la venta del inmueble. El inventario de supuestos muebles incluía elementos que forman parte de la propia estructura de la vivienda, como la bañera, el lavabo, el bidé o el inodoro.
El consejero Denis Itxaso ha afirmado que “perseguiremos con la fuerza de la ley todo uso especulativo de una VPO, un bien público que se financió con el dinero de todos los contribuyentes”. Según el responsable del departamento de Vivienda, “las dinámicas especulativas son las que más dañan el mercado residencial y el mercado de la vivienda”.
Prevalencia de la función social sobre la autonomía contractual
La sentencia subraya que el artículo 26 de la Ley de Vivienda Vasca prohíbe taxativamente cualquier sobreprecio en la transmisión de viviendas protegidas. El fallo judicial destaca que vender con sobreprecio es contrario al objetivo de garantizar el acceso habitacional, y ratifica la prevalencia de la legalidad vigente sobre la autonomía contractual.
El tribunal enfatiza la responsabilidad de los mediadores inmobiliarios, quienes deben conocer y respetar los límites administrativos. La sanción de 45.000 euros se considera proporcional, dado que la inmobiliaria generó una alarma social innecesaria con un modus operandi que vulneraba la normativa de vivienda protegida.
Precedente jurídico y compromiso del Gobierno Vasco
“En ningún caso podemos aceptar que con vivienda protegida se haga negocio”, ha declarado Itxaso, quien ha añadido que “vamos a seguir actuando con todas las acciones legales a nuestro alcance para perseguir acciones fraudulentas”. El consejero ha insistido en que “cualquier uso especulativo de esa infraestructura pública de vivienda para recalentar el mercado lo perseguiremos con la fuerza de la ley”.
Las prácticas fraudulentas en la comercialización de VPO provocan un grave quebranto a los intereses públicos, según recoge la sentencia. La resolución sienta un precedente jurídico fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos, mientras que el Gobierno Vasco ha manifestado que no tolerará prácticas que desvirtúen el régimen legal de las VPO.
La vivienda protegida fue financiada con dinero público, y la sanción impuesta es de 45.000 euros.
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Referencias:
www.euskadi.eus
Imagen:
euskadi.eus
