Rollo de paja en campo verde
El Tribunal de Cuentas Europeo ha identificado múltiples riesgos en las propuestas de la Comisión Europea para la Política Agrícola Común (PAC) y la organización común de los mercados agrícolas durante el período 2028-2034. La auditoría señala que la incertidumbre y la falta de claridad en estas propuestas podrían afectar gravemente la previsibilidad para los beneficiarios y retrasar la entrega de fondos.
Los auditores europeos advierten sobre varios problemas estructurales en el diseño de la nueva PAC. Los complicados mecanismos de planificación pueden crear incertidumbre y reducir la previsibilidad para los agricultores que dependen de estas ayudas. Además, el importe global de la financiación de la PAC solo se conocerá una vez que se adopten los planes nacionales, lo que genera inseguridad en la financiación de la política agrícola común.
Flexibilidad de los Estados miembros y desigualdades
La mayor flexibilidad otorgada a los Estados miembros en la nueva propuesta plantea riesgos significativos para la cohesión del sistema agrícola europeo. Esta flexibilidad podría generar desigualdades para los agricultores entre diferentes países, afectando negativamente a la competencia y al funcionamiento del mercado interior. Los auditores advierten que esta descentralización podría poner en riesgo los objetivos comunes de la PAC, como la protección del medio ambiente y la garantía de una renta justa para los productores.
La complejidad de la arquitectura jurídica de la PAC se ha incrementado con las nuevas propuestas, lo que puede desvirtuar el objetivo de simplificación que debería caracterizar a esta reforma. Este aumento de complejidad contrasta con la intención declarada de hacer más accesible y clara la política agrícola común para sus beneficiarios.
Antecedentes de reformas y condicionalidad
La PAC fue creada en 1962 para garantizar la seguridad alimentaria y estabilizar los ingresos de los agricultores en la Europa de posguerra. Desde entonces, ha sido objeto de cinco grandes reformas en los años 1992, 2003, 2008, 2013 y 2020, que han ido trasladando progresivamente la ayuda de subvenciones a la producción hacia pagos basados en la renta y la sostenibilidad ambiental.
El período 2014-2020 introdujo la condicionalidad ambiental y social en la PAC, un cambio significativo en la orientación de la política. Sin embargo, un informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2021 ya señaló riesgos de falta de claridad en la aplicación de esas condiciones, un problema que persiste en las nuevas propuestas para el período 2028-2034. Seguiremos informando.
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Referencias:
www.uaga.eus
Imagen:
Generada con IA
