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El Ministerio de Justicia y el Gobierno Vasco han firmado un convenio de cuatro años para desarrollar un modelo de justicia digital interoperable que incluye herramientas como LexNET y Carpeta Justicia, buscando modernizar el sistema judicial y mejorar la atención a las víctimas.

El Ministerio de Justicia y el Gobierno Vasco han firmado un convenio para desarrollar un modelo de justicia digital interoperable. El acuerdo, rubricado en Madrid en la sede del ministerio, fue ratificado por la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y el secretario de Estado de Justicia.

El convenio tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable, y no conlleva contraprestación económica entre las partes. Este acuerdo busca modernizar el sistema judicial y consolidar la justicia como una política pública al servicio de los derechos y la cohesión social, situando a la ciudadanía en el centro del servicio público de justicia.

Herramientas tecnológicas y modernización

El acuerdo incluye herramientas clave como LexNET y Carpeta Justicia, plataformas de análisis de datos y servicios digitales de apoyo. La transformación digital se concibe como una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia del sistema judicial, garantizando la interoperabilidad de los sistemas judiciales entre ambas administraciones.

La seguridad de la información y la protección de datos personales constituyen prioridades en el desarrollo de estas soluciones tecnológicas. Se prevén mecanismos de gobernanza y evaluación para adaptar las soluciones tecnológicas a las necesidades cambiantes del sistema.

Alcance del acuerdo

El convenio refuerza la atención a las víctimas y la protección de derechos fundamentales, integrando la mediación y la justicia restaurativa en el modelo de justicia digital. Esta aproximación busca fortalecer la democracia y la confianza en las instituciones a través de una justicia más moderna y accesible.

El acuerdo establece una colaboración estratégica entre el Ministerio de Justicia y el Gobierno Vasco, reforzando un marco de cooperación estable entre ambas administraciones. La concepción amplia de la justicia que sustenta este convenio reconoce la necesidad de adaptar los servicios públicos judiciales a los estándares contemporáneos de eficiencia y transparencia.

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