Reloj de pared
Araba, 28 de mayo de 2026. La Diputación Foral de Álava ha contratado un apoyo técnico externo para reducir los tiempos de espera en la valoración de la discapacidad, un procedimiento que sigue registrando demoras de hasta 7 meses. La medida afecta a las personas que necesitan el reconocimiento del grado de discapacidad para acceder al sistema de servicios sociales y a las prestaciones vinculadas.
Según la información facilitada, la contratación se plantea como una herramienta adicional para rebajar la carga acumulada de expedientes y mejorar los tiempos de resolución. El objetivo operativo es acelerar tanto los trámites de valoración como la emisión de informes, de modo que las personas con discapacidad puedan acceder antes a los recursos y prestaciones que les corresponden. La decisión final sobre el grado de discapacidad, no obstante, seguirá en manos del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS).
Demoras de hasta siete meses
Los plazos de valoración pueden alcanzar actualmente los 7 meses, una demora que, según el material de origen, afecta a la calidad de vida de las personas con discapacidad. La valoración es, además, la puerta de entrada al sistema de servicios sociales, por lo que cualquier retraso en este primer paso condiciona el acceso posterior a recursos públicos. La Diputación sitúa esa acumulación como uno de los motivos de la contratación externa.
En los últimos años se ha producido un incremento significativo de solicitudes, revisiones y reclamaciones en el sistema de valoración de la discapacidad. Ese aumento de actividad ha coincidido con cambios técnicos en el procedimiento. La administración foral vincula la necesidad de refuerzo a ese volumen creciente de expedientes pendientes de tramitar.
El impacto del decreto y de Baredi
Otra de las claves señaladas es la aplicación del Decreto 888/2022, de 18 de octubre, que introdujo una nueva herramienta de valoración denominada Baredi. Según la información disponible, esta herramienta ha hecho más complejo el proceso de valoración. Esa mayor complejidad se suma al aumento de solicitudes y reclamaciones registrado en los últimos años.
La contratación de apoyo técnico externo no sustituye la competencia pública sobre las resoluciones. El IFBS seguirá siendo el organismo responsable de determinar el grado de discapacidad en cada expediente. El refuerzo se plantea, por tanto, como un apoyo para agilizar la tramitación y reducir el atasco acumulado.
Un contrato previsto para dos años
La medida se ha diseñado para un periodo de dos años. La Diputación plantea ese refuerzo con el propósito de reducir la carga acumulada de expedientes y mejorar los tiempos de resolución en la valoración de discapacidad. La actuación se centra en una fase especialmente sensible del sistema, porque del reconocimiento del grado dependen después el acceso a servicios y prestaciones.
El respaldo técnico e institucional a esta fórmula llegó también desde el ámbito estatal. La medida cuenta con el aval de la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Ministerio de Asuntos Sociales. Ese respaldo fue confirmado en la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad, celebrada el 26 de febrero de 2025.
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Referencias:
prentsa.araba.eus
