El Parlamento Europeo ha aprobado una moción para paralizar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, enviando el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su compatibilidad con la normativa comunitaria. La votación fue extraordinariamente ajustada, con 334 votos a favor y 325 en contra, reflejando las profundas divisiones que genera este tratado entre los grupos parlamentarios europeos.
El acuerdo fue firmado oficialmente en Paraguay el 17 de enero, pero su proceso de ratificación en el Parlamento Europeo queda congelado hasta que el TJUE emita su dictamen sobre la cuestión de compatibilidad jurídica. Los expertos estiman que este pronunciamiento podría demorar entre 18 y 24 meses, lo que prolonga significativamente la incertidumbre sobre el futuro del tratado.
La decisión de paralizar el acuerdo responde a dudas fundamentales sobre si el texto respeta plenamente el derecho comunitario europeo. Estas preocupaciones jurídicas han prevalecido sobre la presión de sectores que apoyan la apertura comercial con América del Sur, demostrando que las cuestiones de legalidad constitucional pesan considerablemente en las decisiones del parlamento europeo.
Sin embargo, existe una vía alternativa que podría acelerar la implementación parcial del tratado. La Comisión Europea tiene la capacidad de solicitar al Consejo la aprobación de la aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo, lo que permitiría que los capítulos comerciales entren en vigor sin necesidad de esperar el dictamen del TJUE. Esta posibilidad mantiene abierta una puerta para que ciertos aspectos del tratado comiencen a implementarse mientras se resuelven las cuestiones jurídicas pendientes.
La paralización del acuerdo representa una victoria temporal para los sectores que se oponen al tratado, particularmente el sector primario europeo, que ha expresado sus preocupaciones sobre el impacto que podría tener la importación de productos agrícolas desde América del Sur. Los agricultores y ganaderos europeos han manifestado su rechazo a través de movilizaciones en las calles, argumentando que el acuerdo podría comprometer sus intereses económicos y los estándares de producción europeos.
La votación tan cerrada en el Parlamento Europeo ilustra la complejidad política del acuerdo. Mientras algunos diputados ven en el Mercosur una oportunidad para fortalecer las relaciones comerciales y económicas con América del Sur, otros consideran que los riesgos para la agricultura europea, el medio ambiente y los derechos laborales son demasiado significativos como para proceder sin garantías jurídicas sólidas.
El envío del texto al TJUE marca un punto de inflexión en el proceso de ratificación. La corte europea deberá analizar si el acuerdo, tal como está redactado, se ajusta a los tratados fundacionales de la Unión Europea y a la jurisprudencia establecida. Este análisis jurídico profundo podría resultar en modificaciones sustanciales del texto o en su rechazo definitivo, dependiendo de cómo interprete el tribunal las disposiciones controvertidas.
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