La sociedad vasca mantiene una postura mayoritariamente abierta hacia la inmigración, según el Barómetro 2025 de Ikuspegi. El estudio, realizado entre el 11 y el 27 de marzo de 2025 mediante 600 entrevistas, revela un panorama de aceptación generalizada de la población migrante en Euskadi, aunque con matices importantes en cuanto a las políticas específicas de acogida.
El índice de apertura hacia la inmigración alcanza los 65,86 puntos, reflejando una disposición favorable de la ciudadanía vasca. El 54,2% de la población se clasifica en un grupo abierto hacia la inmigración, mientras que el 33,7% adopta una postura ambivalente y solo el 12,2% se muestra reacio. Esta distribución sugiere que la xenofobia no constituye una posición mayoritaria en la sociedad vasca, aunque persisten sectores con reservas significativas.
La regularización de personas en situación administrativa irregular cuenta con un respaldo muy amplio: el 85,8% de la población vasca la apoya. Este dato refleja una visión pragmática sobre la integración de migrantes irregulares en la sociedad. Paralelamente, el 84,7% de la población respalda que la asistencia sanitaria debe garantizarse a todas las personas independientemente de su situación administrativa, y el 80,2% considera que la educación debe ser garantizada en las mismas condiciones para todos.
La población vasca anticipa cambios demográficos significativos en los próximos años. El 90% de los encuestados cree que la llegada de población migrante aumentará en los próximos cinco años. Esta expectativa se acompaña de una evaluación positiva sobre el papel de la inmigración en la economía y la sociedad: el 73,6% considera que la inmigración sostiene el mercado laboral, mientras que el 71% cree que es clave para contrarrestar el envejecimiento poblacional.
La dimensión cultural de la inmigración también genera consenso. El 75,5% de la población opina que la inmigración enriquece la vida cultural de Euskadi. El 92,8% de la población vasca respalda la llegada de personas migrantes, principalmente por motivos laborales, lo que indica que la justificación económica de la migración goza de amplia aceptación social.
Respecto a grupos específicos de migrantes, el 86,6% de la población se muestra favorable a la acogida de personas solicitantes de refugio o asilo. Sin embargo, cuando se abordan políticas concretas de atención a menores de origen extranjero, las posiciones se diversifican. El 75,1% de la sociedad vasca considera que las instituciones deben garantizar condiciones de vida adecuadas a menores y jóvenes de origen extranjero. Entre las medidas específicas, el 46,3% apuesta por la atención mediante sistemas de reparto entre comunidades autónomas, mientras que el 28,8% apoya la provisión de pisos o residencias tuteladas para jóvenes de origen extranjero.
La cuestión de la igualdad de derechos genera un respaldo mayoritario pero no unánime. El 69,2% de la población defiende que la población autóctona y la de origen extranjero deben tener los mismos derechos y obligaciones. Este porcentaje, aunque significativo, es inferior al de otras medidas de integración, sugiriendo que persisten reservas sobre la equiparación completa de estatus.
A pesar del panorama general favorable, la inmigración no figura como preocupación prioritaria en la agenda pública vasca. Solo el 9,7% de la población menciona la inmigración como uno de los principales problemas de Euskadi, lo que contrasta con su aceptación generalizada. El barómetro subraya la importancia de continuar trabajando en la lucha contra la xenofobia y el discurso de odio, reconociendo que aunque la sociedad vasca muestra actitudes abiertas, existen desafíos persistentes en la construcción de una convivencia verdaderamente inclusiva.
