El Gobierno Vasco ha aprobado una inversión de 65 millones de euros destinada a la Prestación Económica de Vivienda (PEV) durante 2026, una medida que busca garantizar el acceso a una vivienda digna y estable para quienes no pueden permitirse el alquiler en el mercado libre. La iniciativa se enmarca en el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda establecido por la Ley Vasca de Vivienda y pretende alcanzar a 35.000 hogares antes del cierre del año.
La PEV funciona como un apoyo económico directo que permite a los solicitantes acceder al alquiler en el mercado residencial sin depender exclusivamente de viviendas protegidas. Según datos del Gobierno Vasco, aproximadamente la mitad de los hogares que viven de alquiler en Euskadi residen en una vivienda protegida o reciben alguna ayuda pública. El parque de viviendas en alquiler en la comunidad autónoma supera las 137.000 unidades, lo que refleja la magnitud del mercado residencial.
La acción pública para facilitar el acceso al alquiler experimentará un incremento significativo. Se espera que la intervención pública aumente aproximadamente 4 puntos porcentuales, situándose en torno al 54% del mercado total de alquiler. Esta expansión representa un cambio sustancial en la cobertura de ayudas públicas para el acceso a la vivienda.
La PEV opera bajo principios específicos que delimitan su alcance y funcionamiento. La prestación tiene carácter subsidiario y actúa como garantía pública mientras se refuerza el parque de vivienda público y asequible. Los fondos son intransferibles y deben destinarse exclusivamente al pago de la renta, siendo abonados mediante ingreso en cuenta bancaria. La prestación resulta incompatible con otras ayudas públicas destinadas a la misma necesidad de residencia habitual.
Los criterios de acceso a la PEV establecen límites de ingresos máximos según la composición de la unidad convivencial. Para unidades de 1 miembro, el límite es de 14.000 euros anuales. Las unidades de 2 miembros pueden acceder con ingresos máximos de 18.000 euros anuales, mientras que las de 3 o más miembros tienen un límite de 20.000 euros anuales. El Gobierno Vasco ha indicado que actualizará estos límites de ingresos máximos vinculados al reconocimiento del derecho subjetivo.
El cálculo de la prestación se realiza en función de la situación específica de la unidad convivencial y el coste del alquiler. La gestión de la PEV se lleva a cabo a través de las Delegaciones Territoriales de Vivienda, que actúan como intermediarias en la tramitación y seguimiento de las solicitudes. Esta estructura administrativa permite una distribución territorial de la atención a los solicitantes.
El Decreto de Modificación Urgente de Disposiciones Reglamentarias de Vivienda, que desarrollará los detalles operativos de esta medida, será aprobado en las próximas semanas según lo indicado por el Gobierno Vasco. La implementación de la PEV responde a la necesidad de proteger a la demanda en un mercado residencial que presenta una tensión considerable.
La medida refleja el compromiso institucional con el derecho a la vivienda, aunque su efectividad dependerá de la capacidad de ejecución y de la respuesta del mercado residencial a esta intervención pública. El alcance previsto de 35.000 hogares representa una cobertura significativa, aunque aún inferior al total de unidades en alquiler en Euskadi.
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Referencias:
www.euskadi.eus
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